Un grupo de inversionistas extranjeros ha solicitado autorización al gobierno de Estados Unidos para comprar reclamaciones de compensación contra Cuba, por concepto de propiedades de estadounidenses confiscadas en los años 60, a fin de negociarlas con La Habana en un intercambio de deuda por capital.
Tal acuerdo resolvería una de las más antiguas disputas entre ambos países y quizás abra la puerta para otras mejoras en las relaciones bilaterales, según la firma de inversiones Clarinbridge LLC.
Clarinbridge solicitó la licencia el 17 de julio del 2009 ante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que hace cumplir las sanciones de Washington contra La Habana. La OFAC no ha respondido a la solicitud, dijo Tim Ashby, abogado de Miami que representa a Clarinbridge y a otras firmas que estudian posibilidades de negocios en Cuba.
Los inversionistas de Clarinbridge también presentaron la idea a autoridades cubanas en La Habana, declaró Ashby a El Nuevo Herald. "Tengo entendido que los cubanos tomaron [la idea] en serio y ahora están esperando a ver qué sucede'', agregó.
La solicitud de Clarinbridge a la OFAC, entregada a El Nuevo Herald por Ashby, expresa que la firma planea adquirir "600 o 700 de las reclamaciones estadounidenses... [que representan] 85 por ciento del valor monetario total certificado de todas las reclamaciones estadounidenses''. Las reclamaciones entonces se transferirían a un fondo que negociaría con La Habana la compensación a cambio de participaciones en propiedades, deuda u otros instrumentos de la isla, dijo Ashby. Las leyes estadounidenses permiten que Cuba pague las reclamaciones.
"Es una buena idea. Si la OFAC lo permite, estudiaríamos la posibilidad de hacer lo mismo'', dijo Thomas Herzfeld, jefe del fondo miamense de inversiones Herzfeld Caribbean Basin Fund, creado en anticipación del día que los cambios políticos permitan las inversiones estadounidenses en la isla.
"Es una idea creativa, ¿pero se puede confiar en que el gobierno cubano no confisque otra vez esas inversiones?", dijo Jaime Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. "Es un gobierno arbitrario, un país donde no hay un sistema jurídico que proteja las inversiones''.
Clarinbridge es una filial de propiedad total de Siboney Limited, con sede en la Isla de Man, una dependencia británica de baja tasa fiscal. Ashby dijo que algunos de los principales inversionistas son Charles Guthrie, ex jefe del Estado Mayor de Gran Bretaña; el canadiense Peter Munk; Felipe y José Vicini, de República Dominicana; el multimillonario israelí Beny Steinmetz, y Roberto Servitje, del mexicano Grupo Altex.
El gobierno de EEUU reconoce oficialmente unas 5,900 reclamaciones sobre propiedades de estadounidenses nacionalizadas por el gobierno de Fidel Castro en los años 60, valoradas inicialmente en unos $1,820 millones. Si se le suman los intereses, las reclamaciones pudieran valer unos $6,000 millones. Por su parte, Cuba alega que las sanciones estadounidenses le han causado a la isla daños por valor de $236,000 millones durante los últimos 50 años.
Cuba, que pagó las reclamaciones de los años 60 de personas de todos los demás países, reconoce que debe compensación por las propiedades de estadounidenses y en varias ocasiones ha ofrecido deuda para saldarlas, explicó Ashby. Ninguna de las reclamaciones de estadounidenses parece haberse pagado, aunque algunas han cambiado de manos.
A finales de los años 90, ITT arrendó su reclamación por activos confiscados en Cuba a Telecom Italia, para que pudiera invertir en la isla y evitar posibles complicaciones a tenor con la Ley Helms-Burton. ITT recibió $25 millones a lo largo de 10 años, según reportes.
Y a principios del 2008, Clarinbridge pagó más de $1 millón a Siboney Corp., con sede en St. Louis, por su reclamación por concepto de derechos de exploración petrolera confiscados por Cuba y valorados en $2.4 millones, agregó Ashby. Siboney Corp. no tiene relación alguna con la matriz de Clarinbridge.
Pero el 31 de julio del 2008 la OFAC emitió una norma que exige licencia para todas estas transacciones.
Estas normas no son leyes y pueden modificarse mediante una decisión administrativa.
Ashby dijo que las autoridades cubanas han expresado interés en saldar las reclamaciones de estadounidenses privadamente, sin negociaciones de gobierno a gobierno, porque eso allanaría el camino para otras inversiones. Algunas firmas extranjeras han expresado preocupación sobre posibles disputas por derechos de propiedad en Cuba.
La solicitud de Clarinbridge a la OFAC expresa que la propuesta pudiera ayudar a mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos porque las leyes estadounidenses exigen que las reclamaciones de sus nacionales se paguen antes de que puedan restablecerse relaciones de manera completa.
El pago de las reclamaciones de Clarinbridge, indica la solicitud, reduciría significativamente la cantidad de reclamaciones estadounidenses pendientes que haría falta negociar entre los dos gobiernos "como un requisito previo para un nuevo comienzo con Cuba''.
También sería "un apoyo significativo al nacimiento de un sector privado'' en Cuba, ‘‘que ofrecería empleo a los cubanos de a pie y facilitaría la privatización de facto de la economía'', agrega el documento.